Yolanda Bautista
República Dominicana. – La Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), junto a la Federación Nacional de Transporte (CONATRA), emitió una contundente declaración de prensa en la que expresan su preocupación por la situación migratoria en el país, particularmente por el aumento de la presencia de inmigrantes haitianos indocumentados.
Durante una rueda de prensa celebrada en una plazoleta pública, representantes del gremio transportista señalaron que la «invasión pacífica y masiva» de haitianos ha generado alarma entre sus miembros y la población. Manifestaron que aunque no están en contra de los haitianos como individuos, exigen el cumplimiento de las leyes migratorias dominicanas.
Los dirigentes expresaron su molestia por las declaraciones de algunos ciudadanos haitianos que aseguran que el país también les pertenece. Esta afirmación, según ellos, ha encendido las alarmas dentro del sector transporte y la sociedad dominicana, por lo que han decidido tomar medidas en defensa de lo que consideran la soberanía nacional.
«Esta patria tiene dueño, es de nosotros los dominicanos, la defenderemos en cualquier terreno, aunque eso implique poner en riesgo nuestras vidas», reza parte del comunicado leído por los representantes de UNATRAFIN, en un tono de firmeza y nacionalismo.
Asimismo, recordaron que el senador y presidente de CONATRA, Antonio Marte, había hecho anteriormente una propuesta para impedir que se monte a extranjeros indocumentados en vehículos del transporte público. Aunque en su momento no se le prestó atención, ahora ambas instituciones han decidido adoptarla.
A partir de esta declaración, queda terminantemente prohibido para los choferes afiliados a estas entidades transportar a pasajeros que no cuenten con documentos legales. Cualquier conductor que desobedezca esta disposición será sancionado drásticamente conforme a los reglamentos internos de UNATRAFIN y CONATRA.
Esta decisión ha generado diversas reacciones en la opinión pública y se espera que en los próximos días se pronuncien organismos de derechos humanos y autoridades migratorias sobre el alcance de esta medida. Los transportistas aseguran que no darán marcha atrás y piden respaldo del gobierno en el cumplimiento de la ley.
