Yolanda Bautista
Santo Domingo, República Dominicana – Diversas organizaciones educativas, sociales y comunitarias han convocado a un foro nacional el próximo 16 de enero para analizar las implicaciones de la fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). Este encuentro busca articular respuestas en defensa de la educación pública y debatir sobre la viabilidad de esta medida impulsada por el gobierno.
Según las entidades convocantes, la propuesta gubernamental, respaldada por el Decreto 580-24, ha sido presentada de manera unilateral, sin consultas con actores clave del sector educativo ni análisis rigurosos sobre su factibilidad jurídica, institucional y económica. Los críticos consideran que esta iniciativa responde a intereses privatizadores que amenazan el derecho constitucional a la educación.
La principal preocupación radica en que la fusión podría debilitar la gestión educativa existente. Organizaciones advierten que el MINERD, que enfrenta múltiples desafíos en las escuelas públicas, podría colapsar al asumir las responsabilidades adicionales del sistema de educación superior. Además, temen que los fondos destinados al 4% del PIB para educación preuniversitaria y al 5% del presupuesto para educación superior sean redistribuidos de forma inadecuada.
Las entidades también señalan que el modelo planteado prioriza la privatización de los recursos públicos mediante alianzas público-privadas, fideicomisos y financiamiento a la demanda, lo que socava el principio de garantizar una educación pública gratuita y de calidad. Denuncian que esta contrarreforma podría institucionalizar un sistema que beneficia a las élites corporativas en detrimento de la población más vulnerable.
En el marco del foro nacional, las organizaciones convocadas trabajarán en propuestas para someter al debate público y congresual, buscando alternativas que fortalezcan el sistema educativo sin comprometer sus fundamentos legales y constitucionales.
El llamado es extensivo a instituciones académicas, gremios docentes, comunidades, y otros actores sociales interesados en salvaguardar la educación pública dominicana y garantizar su calidad como un derecho inalienable.
