Yolanda Bautista
En una denuncia pública, propietarios de bancas de lotería acusaron al Senador Alexis Espiritusanto Castillo y al Diputado Juan Carlos Echavarría de operar un negocio ilícito de bancas de apuestas en la República Dominicana.
La queja, respaldada por sentencias judiciales y presentada en conferencia de prensa, expone que ambos legisladores presuntamente manejan múltiples bancas sin licencias de operación, defraudando al Estado por millones de pesos mensuales.
El caso fue llevado ante el Ministerio Público, exigiendo la intervención del Procurador Adjunto Fernando Quezada García, coordinador de Jurisdicción Privilegiada.
Los denunciantes solicitan una investigación exhaustiva, señalando que la proliferación de estas bancas ilegales ha afectado gravemente la economía y ha desincentivado la regulación de la industria de apuestas en el país.
En su declaración, los propietarios argumentan que durante los últimos 13 años han luchado por la regulación del sector, sin éxito.
Aseguran que la existencia de estas bancas ilegales ha permitido que grandes sumas de dinero escapen al control estatal, afectando tanto la competitividad del sector como la recaudación de impuestos.
Documentos judiciales, incluyendo las sentencias No. 001-022-2021/SRES-01499 y No.001-022-2021-SSEN-01684, respaldan la denuncia, señalando que las operaciones de estas bancas violan principios fundamentales de seguridad jurídica y afectan a los ciudadanos que cumplen con la normativa.
Estas decisiones judiciales fueron, sin embargo, anuladas por el Tribunal Constitucional, lo que ha generado una controversia adicional sobre la imparcialidad en la aplicación de la ley.
Los denunciantes también alegan que el Diputado Echavarría opera unas 613 bancas ilegales a nombre de su compañía, lo cual representa un ingreso de más de tres millones de pesos mensuales (RD$3,600,000) que no se reportan al fisco.
Esta cifra equivale a una evasión significativa que, según los afectados, perjudica a los operadores legales y al Estado.
La denuncia ha generado preocupación en diversos sectores, quienes piden al gobierno tomar medidas contra la supuesta corrupción en el sistema de loterías.
Mientras tanto, los acusados aún no han emitido declaraciones públicas para responder a estas acusaciones.
